
El presidente Javier Milei presentó por cadena nacional, el 30 de julio, el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, busca dotar de mayor autonomía a la entidad, prohibir el financiamiento monetario al Tesoro y volver a un mandato único centrado en preservar el valor de la moneda. El Gobierno buscará aprobarla durante agosto.
Resumen: los puntos centrales de la reforma
• El proyecto reemplaza los múltiples objetivos que la entidad tiene desde 2012 (empleo, desarrollo económico, equidad social) por un mandato único: preservar el valor de la moneda.
• Se deroga el régimen de Adelantos Transitorios al Tesoro Nacional y se prohíbe al BCRA prestarle al Estado nacional, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires o a los municipios.
• El Banco Central no podrá comprar deuda pública en el mercado primario, es decir, en el momento de su colocación.
• Se elimina el mecanismo de reservas de libre disponibilidad, que en el pasado permitió usar reservas internacionales para pagar obligaciones del Estado.
• La remoción de las autoridades del Directorio deberá contar con aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, para blindar su estabilidad institucional frente a cambios de gobierno.
• Se elimina la participación del ministro de Economía con voz en las reuniones del Directorio del BCRA.
• El proyecto ingresó por la Cámara de Diputados y el oficialismo buscará aprobarlo durante agosto de 2026.
El contexto: qué busca cambiar el Gobierno
En su discurso por cadena nacional, Milei calificó la iniciativa como parte de “el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años” y la presentó como una manera de “terminar con el robo de la alta política”. El Presidente apuntó directamente contra la reforma de la Carta Orgánica sancionada en 2012 durante el kirchnerismo, que —según su lectura— amplió de forma desmedida las funciones del Banco Central y, al asignarle múltiples objetivos simultáneos, terminó por no hacerlo responsable de ninguno en particular.
Como antecedente de esa reforma de 2012, Milei recordó el traspaso de reservas del BCRA a la Casa Rosada ordenado en 2010, en medio de un conflicto institucional con la entonces titular de la entidad, Martín Redrado. Según el mandatario, ese episodio y la necesidad de “esquivar las consecuencias legales” derivaron en el cambio normativo de 2012, que —sostuvo— permitió emitir dinero “bajo cualquier pretexto” sin que los funcionarios pudieran ser responsabilizados penalmente por ello.
Según fuentes de La Libertad Avanza, el proyecto fue redactado en conjunto por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado —a cargo de Federico Sturzenegger— y la propia conducción del Banco Central, que preside Santiago Bausili.
Los 6 ejes de la reforma, en detalle
1. Mandato único de control de la inflación. El proyecto elimina los objetivos múltiples incorporados en 2012 —promover el empleo, el desarrollo económico y la equidad social— y establece que la única misión del BCRA será preservar el valor de la moneda. Según los fundamentos de la iniciativa, un mandato único permite delimitar con mayor precisión las responsabilidades de la autoridad monetaria y está en línea con el diseño institucional de otros bancos centrales del mundo.
2. Fin del financiamiento monetario al Tesoro. Se deroga el régimen de Adelantos Transitorios y se prohíbe, de manera explícita, que el BCRA otorgue préstamos al Estado nacional, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires o a los municipios. También se prohíbe que la entidad compre deuda pública en el mercado primario, es decir, directamente al momento de su colocación.
3. Eliminación de las reservas de libre disponibilidad. Se deroga el mecanismo que en distintas gestiones permitió utilizar reservas internacionales del Banco Central para cancelar obligaciones del Estado nacional, uno de los instrumentos más discutidos en la última década de política económica argentina.
4. Reforzamiento de la autonomía institucional. La remoción de los integrantes del Directorio requerirá, según el proyecto, la intervención del Poder Ejecutivo y la aprobación de dos tercios de los miembros presentes tanto en el Senado como en Diputados, con causales específicas y objetivas para el desplazamiento de las autoridades. Además, se elimina la participación permanente del ministro de Economía —o de su representante— en las reuniones del Directorio del BCRA, un cambio que apunta a despolitizar la toma de decisiones cotidiana de la entidad.
5. Redefinición del tratamiento de las utilidades. El proyecto restringe la distribución de dividendos originados en los resultados derivados del servicio de liquidez del sistema financiero. Según explicó Milei, los activos existentes al 31 de diciembre de 2026 se contabilizarán en unidades físicas, de modo que los resultados por tenencia generados por cambios en el precio de esos activos se destinen a una reserva técnica no distribuible, bajo un mecanismo similar a un revalúo técnico.
6. Uso de resultados contables para sanear pasivos heredados. El texto habilita, además, la utilización de una porción de los resultados contables del organismo para cancelar pasivos remanentes de gestiones anteriores, en el marco de un intento más amplio por “limpiar” el balance del Banco Central.
[Imagen sugerida: recinto de la Cámara de Diputados — alt: “Sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina”]
El paquete completo: “Grillete Fiscal” y otras reformas
La reforma de la Carta Orgánica no llegó sola. En la misma cadena nacional, Milei anunció una iniciativa complementaria bautizada “Grillete Fiscal”, que contempla un mecanismo de “apagado” (shutdown) parcial del Estado si el resultado fiscal registra déficit durante varios meses consecutivos. El Gobierno también adelantó que impulsará reformas estructurales en el mercado de capitales y en el régimen de seguros, todas ingresando al Congreso por la Cámara de Diputados.
Qué dicen los expertos: entre el respaldo y las dudas
La idea de dotar de mayor autonomía al Banco Central goza, en principio, de cierto consenso entre los bloques aliados al oficialismo, lo que podría facilitar su aprobación legislativa. Sin embargo, el debate técnico e institucional que abrió la reforma dejó posiciones matizadas, incluso entre quienes coinciden con el diagnóstico de fondo.
Un economista consultado por Infobae resumió una de las principales objeciones: “Santiago Bausili es del riñón del ministro Luis Caputo, mucha independencia no hay, es esto. Pero que empecemos a tener un poco más de independencia del Banco Central es una muy buena medida”. El mismo análisis remarcó que las dos grandes funciones del organismo —control de la inflación y estabilidad financiera— deben estar a cargo del BCRA, con el objetivo de generar la mayor certidumbre posible y una inflación baja y estable, aunque advirtió que eso debe complementarse necesariamente con el resto de la macroeconomía: el déficit fiscal, la apertura comercial y el funcionamiento general de la economía.
Cuatro expresidentes del Banco Central consultados por La Nación coincidieron en la necesidad de algunas de las modificaciones propuestas —como limitar la asistencia al Tesoro y fortalecer la independencia institucional—, aunque cuestionaron otros aspectos del proyecto oficial. Uno de los puntos de debate más recurrentes tiene que ver con la inestabilidad crónica que muestra la conducción del organismo: desde el retorno de la democracia, muy pocos titulares del BCRA lograron sostenerse en el cargo más allá del gobierno que los designó, algo que la reforma busca empezar a corregir a través del nuevo esquema de remoción con mayorías agravadas.
Desde la oposición, en tanto, surgieron cuestionamientos sobre el verdadero alcance de la “independencia” que propone el proyecto. El presidente de la Coalición Cívica planteó que la reforma busca “dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, y propuso complementarla con límites a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y con modificaciones a la Ley 26.122, para evitar que un futuro gobierno pueda revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como ocurrió en el pasado con otras intervenciones sobre el organismo.
Qué tiene que pasar para que la reforma funcione en la práctica
Más allá del texto legal, distintos análisis coinciden en que la independencia del Banco Central depende, en gran medida, de factores que exceden a la propia ley: la solidez fiscal del Estado, la calidad institucional con la que se designen las futuras autoridades y la voluntad política de sucesivos gobiernos de no intervenir sobre la entidad, incluso cuando la ley se lo permitiría de manera indirecta. La experiencia de los últimos 40 años de historia del Banco Central —marcada por cambios de conducción prácticamente en cada recambio presidencial— es, para buena parte de los especialistas consultados, la principal prueba de que una reforma normativa, por sí sola, no garantiza la autonomía real de la entidad si no viene acompañada de una construcción de consensos más amplia.
Preguntas frecuentes
¿Qué cambia con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA?
El proyecto establece un mandato único de preservación del valor de la moneda, prohíbe el financiamiento monetario al Tesoro, elimina las reservas de libre disponibilidad y refuerza la autonomía institucional de las autoridades del Banco Central.
¿Por dónde ingresa el proyecto al Congreso y cuándo se espera su aprobación?
La iniciativa ingresó por la Cámara de Diputados a fines de julio de 2026 y el oficialismo busca aprobarla durante el mes de agosto.
¿El Banco Central podrá seguir prestándole dinero al Estado?
No. El proyecto deroga el régimen de Adelantos Transitorios y prohíbe expresamente que el BCRA otorgue préstamos al Estado nacional, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires o a los municipios, y también le impide comprar deuda pública en el mercado primario.
Nota elaborada en base a coberturas periodísticas de Infobae, La Nación, Ámbito, Perfil y Parlamentario, y al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Los datos corresponden a la información disponible al 5 de agosto de 2026 y el texto puede sufrir modificaciones durante su tratamiento legislativo.
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