RIGI: los proyectos que pueden convertirse en el motor de la Argentina que viene

Mientras el dólar y la coyuntura política acaparan los titulares, otra historia avanza en paralelo con mucho menos ruido: la de las grandes inversiones que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya puso en marcha en energía, minería e infraestructura. Con más de US$25.000 millones aprobados y otros US$80.000 millones en carpeta, el régimen se perfila como una de las apuestas estructurales más importantes del gobierno de Javier Milei para transformar la matriz productiva del país.

¿Qué es el RIGI y por qué se creó?

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones nació con la Ley 27.742 (Ley de Bases) y ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a quienes inviertan montos mínimos que van desde los US$200 millones hasta los US$2.000 millones, según el sector y el tipo de proyecto. La lógica es simple: la Argentina necesita dólares genuinos y empleo de calidad, y para atraer capitales que otros países de la región ya vienen captando hace años, el Estado ofrece previsibilidad jurídica y un esquema tributario competitivo a cambio de compromisos de inversión de gran escala.

Para acceder al régimen, las empresas deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU) dedicado exclusivamente a ejecutar la iniciativa aprobada, lo que blinda al proyecto de otros riesgos societarios. Originalmente, el plazo para adherirse vencía el 8 de julio de 2026, pero el Gobierno decidió prorrogarlo un año más, hasta julio de 2027, para no dejar afuera inversiones que necesitan más tiempo de maduración.

Diez proyectos ya aprobados, por más de US$25.000 millones

El RIGI muestra hoy resultados concretos: diez proyectos aprobados que en conjunto suman una inversión comprometida de US$25.479 millones, y otros veinte en evaluación que podrían elevar el total por encima de los US$63.000 millones. La concentración sectorial es clara: entre el 72% y el 75% del monto aprobado corresponde a energía e hidrocarburos, mientras que otro 24% a 26% se destina a proyectos mineros, principalmente cobre, litio y oro.

Entre las iniciativas más destacadas aparecen:

• Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS): un consorcio integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Shell y Chevron que ya lleva un 51% de avance, con una inversión proyectada de US$2.900 millones y más de 3.100 puestos de trabajo directos.

• Hilli Episeyo (Southern Energy): el desarrollo más ambicioso del listado, un buque de licuefacción flotante frente a las costas de Río Negro por unos US$6.900 millones, que marcará el ingreso de la Argentina al mercado global de GNL.

• Los Azules (McEwen Copper): proyecto cuprífero en San Juan con una inversión de US$2.672 millones, apoyado en tecnologías de minería con bajo consumo de agua.

• Terminal Multipropósito Timbúes: en Santa Fe, con US$277 millones de inversión y la proyección de empleo más alta de todo el paquete aprobado: 9.700 puestos, entre directos e indirectos.

• Parque Solar El Quemado (YPF Luz): el primer proyecto renovable del RIGI, ya operativo y con habilitación para inyectar energía al sistema eléctrico nacional.

El "Súper RIGI": la apuesta por la industria del futuro

En mayo de 2026, el Gobierno dio un paso adicional al enviar al Congreso un proyecto de ley para crear el "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", conocido como Súper RIGI. La iniciativa apunta a sectores de alto valor agregado que hoy prácticamente no tienen desarrollo en el país: inteligencia artificial, semiconductores, reactores nucleares modulares (SMR), la cadena de valor del uranio, petroquímica y desarrollos aeroespaciales. El piso de inversión exigido es de US$1.000 millones por proyecto, con la obligación de desembolsar al menos el 20% en los primeros dos años.

Una historia de éxito con letra chica

No todo es color de rosa. Un informe del Observatorio del RIGI advierte que, entre 2024 y 2026, de los 36 proyectos presentados por más de US$106.000 millones, 30 corresponden exclusivamente a sectores extractivos: minería e hidrocarburos. La diversificación hacia industria, tecnología y servicios todavía es incipiente. Además, pese al alineamiento político del Gobierno con Estados Unidos, las empresas estadounidenses aún no ocupan un lugar central entre los principales inversores: China, a través de Ganfeng en el litio, y Suiza, con Glencore en cobre, concentran buena parte de los montos comprometidos en minería.

También hay una brecha entre origen del capital y volumen invertido: si se cuenta por cantidad de proyectos, la Argentina lidera gracias a la participación de empresas locales en consorcios energéticos, pero si se mide por dólares comprometidos, el protagonismo pasa a manos extranjeras.

¿Por qué puede ser un motor real para la economía?

Más allá de las asimetrías, los números explican el entusiasmo oficial: el sector energético podría generar un superávit comercial de US$10.000 millones en 2026, casi el doble que en 2024, de la mano de Vaca Muerta. Ese ingreso de dólares genuinos es exactamente lo que la Argentina necesita para sostener la estabilidad cambiaria, acumular reservas y bajar el riesgo país de forma estructural, no solo coyuntural. Si el RIGI logra además diversificarse hacia industria y tecnología a través del Súper RIGI, el impacto podría trascender la dependencia histórica de las materias primas.

Preguntas frecuentes sobre el RIGI

¿Hasta cuándo se puede adherir un proyecto al RIGI?

El plazo original vencía el 8 de julio de 2026, pero el Decreto 105/2026 lo prorrogó por un año más, hasta el 8 de julio de 2027.

¿Qué beneficios ofrece el régimen a las empresas?

Estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, junto con un marco legal que brinda previsibilidad para proyectos de gran escala y largo plazo de maduración.

¿Cuánto dinero comprometieron hasta ahora los proyectos aprobados?

Los diez proyectos aprobados suman US$25.479 millones, y el total de iniciativas presentadas (incluyendo las que están en evaluación) supera los US$100.000 millones.

¿Qué es el Súper RIGI?

Es un régimen complementario, todavía en discusión legislativa, orientado a atraer inversiones de al menos US$1.000 millones en sectores de alta tecnología como inteligencia artificial, semiconductores y energía nuclear.