Se cayó la Ley de Tierras: por qué el Gobierno retiró el capítulo clave y qué puede pasar ahora

Por Redacción Política y Economía — 5 de agosto de 2026

Tras cuatro postergaciones consecutivas y sin los votos necesarios en el Senado, el oficialismo decidió retirar el capítulo que eliminaba las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida, que buscaba destrabar la aprobación del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, vuelve a foja cero uno de los debates más sensibles de la agenda legislativa de 2026.

Resumen: qué pasó con la Ley de Tierras

• El Gobierno retiró este 5 de agosto el capítulo III del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, el que modificaba la Ley 26.737 y flexibilizaba la compra de tierras rurales por extranjeros.

• La decisión llegó tras la cuarta postergación del debate en el Senado y ante la resistencia de bloques aliados y gobernadores.

• El texto original eliminaba el límite nacional del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales y delegaba esa regulación a cada provincia.

• Como último intento para destrabar el proyecto, La Libertad Avanza había ofrecido subir el tope vigente de 15% a 25% por distrito, propuesta que tampoco logró consenso suficiente.

• Este jueves 6 de agosto estaba prevista una movilización social frente al Congreso bajo la consigna “Argentina no se vende”.

Qué proponía originalmente la reforma

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo formaba parte de una iniciativa más amplia sobre “inviolabilidad de la propiedad privada” y buscaba modificar varios pilares del régimen vigente desde 2011. El capítulo más controvertido apuntaba a la Ley 26.737 —conocida como Ley de Tierras—, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que limita la posesión de tierras rurales en manos de extranjeros al 15% del territorio nacional, provincial y municipal, prohíbe la adquisición de tierras con cuerpos de agua permanentes de envergadura y evita que más del 30% de esas tierras queden en manos de personas de una misma nacionalidad extranjera.

El dictamen de mayoría que llegó a discutirse en el recinto eliminaba directamente ese límite nacional y delegaba en cada provincia la potestad de fijar sus propias restricciones —o de no imponer ninguna—. También suprimía el tope de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola, pensado originalmente para evitar la concentración de grandes extensiones de tierra productiva en pocas manos.

Además del capítulo de tierras, el proyecto integral incluía modificaciones para acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones; cambios en los requisitos que debe cumplir el Congreso para avanzar con expropiaciones de bienes privados; y ajustes en varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego vinculados al uso de propiedades afectadas por catástrofes.

Por qué el Gobierno no consiguió los votos

La resistencia al proyecto no vino solo de la oposición. Según trascendió, varios legisladores de bloques aliados al oficialismo se manifestaron en contra de ampliar el porcentaje de extranjerización permitido, lo que terminó de inclinar la balanza. Puertas adentro de La Libertad Avanza reconocieron contar con unos 35 votos asegurados, una diferencia que el propio oficialismo consideró “demasiado ajustada” para un proyecto de semejante complejidad política.

A eso se sumó la postura pública de la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien había manifestado su rechazo a la extranjerización de tierras, y la presión social de organizaciones ambientales, de derechos humanos y sindicales, que convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna “Argentina no se vende” y “las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”.

En un intento por salvar al menos parte de la reforma, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había planteado públicamente subir el tope vigente de propiedad extranjera de 15% a 25% por distrito, además de sostener una postura firme respecto a los Estados extranjeros: “Los Estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en Argentina, punto”, afirmó, buscando diferenciar la discusión sobre inversores privados de la preocupación por la compra de tierras por parte de gobiernos extranjeros.

[Imagen sugerida: recinto del Senado — alt: “Sesión en el Senado de la Nación Argentina”]

El trasfondo geopolítico: la preocupación por China

Detrás del debate técnico sobre porcentajes y provincias, distintos análisis señalan una dimensión geopolítica que atravesó toda la discusión. El Gobierno de China emitió en los últimos meses una directiva que obliga a las empresas chinas en el extranjero a priorizar la legislación de su país de origen por sobre las normativas locales, una política que generó inquietud en varias naciones —incluida la Argentina— por el riesgo de que compañías con respaldo estatal chino adquieran terrenos estratégicos y actúen bajo intereses de Beijing.

Algunos sectores interpretaron que el capítulo de tierras del proyecto oficial buscaba, de manera indirecta, poner límites a ese tipo de desembarcos, aunque la eliminación lisa y llana del tope nacional generó el efecto contrario al previsto en parte de la discusión pública: en lugar de reforzar el control estatal, la oposición y sectores del propio oficialismo lo interpretaron como una apertura excesiva justo en el peor momento para bajar la guardia frente a ese riesgo.

Qué pasa ahora con el resto del proyecto

Tras el retiro del capítulo III, el resto de la iniciativa de “inviolabilidad de la propiedad privada” —los cambios en desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego— continúa en danza, aunque su tratamiento quedó condicionado al clima político que deje esta nueva derrota parlamentaria. El desenlace final dependerá de la capacidad del oficialismo para reconstruir consensos con los bloques aliados y con los gobernadores, en un año en el que el Gobierno también busca aprobar, en paralelo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Como resumió un análisis publicado tras la postergación de julio, el resultado “refleja una realidad que se repite desde el inicio de la gestión libertaria: aun cuando logra abrir el debate parlamentario, el oficialismo encuentra crecientes dificultades para convertir en ley las iniciativas que modifican aspectos estructurales del régimen económico e institucional argentino”.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley de Tierras en Argentina?

Es la Ley 26.737, sancionada en 2011, que limita la propiedad de tierras rurales en manos de extranjeros al 15% del territorio nacional, provincial y municipal, y restringe la compra de tierras con cuerpos de agua de gran envergadura.

¿Por qué se cayó la reforma de la Ley de Tierras en 2026?

Porque el oficialismo no logró reunir los votos necesarios en el Senado, ante la resistencia de bloques aliados, gobernadores y organizaciones sociales, y decidió retirar el capítulo del proyecto para poder avanzar con el resto de la iniciativa de propiedad privada.

¿El proyecto proponía eliminar totalmente el límite a la compra de tierras por extranjeros?

El dictamen original eliminaba el límite nacional del 15% y delegaba la regulación a cada provincia. Como propuesta de última instancia para destrabar el debate, el oficialismo ofreció subir el tope a 25% por distrito, en lugar de eliminarlo por completo.

Nota elaborada en base a coberturas periodísticas de Infobae, La Nación, Parlamentario y otros medios especializados en política y economía argentina. Los datos corresponden a la información disponible al 5 de agosto de 2026 y la situación puede modificarse conforme avance el debate legislativo.